COVID-19 Próximas medidas procesales judiciales

COVID-19 Próximas medidas procesales judiciales

El Gobierno aprobará de forma inminente un Real Decreto Ley con las próximas medidas procesales judiciales y organizativas urgentes en el ámbito de la Justicia.

Dicha disposición continúa la senda de «desescalamiento» procesal iniciada por el Consejo General del Poder Judicial.

Éste dictó el pasado día 13 de abril, acuerdo de la Comisión Permanente levantando las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos.

A dicho acuerdo siguió la circular 2/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia regulatoria de las notificaciones en los expedientes judiciales durante la vigencia del estado de alarma.

Del proyecto del Real Decreto-Ley, pendiente de aprobación en Consejo de Ministros, por su trascendencia a los abogados, me gustaría destacar las siguientes medidas:

Habilitación de días a efectos procesales.

Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020. Se exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.

Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir.

Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por el estado de alarma volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos o dentro de los veinte días hábiles siguientes a su levantamiento quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para la interposición del recurso.

Procedimiento especial y sumario en materia de familia.

El futuro Real Decreto-Ley crea y regula, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, un procedimiento especial y sumario a tal efecto.

Tramitación preferente de determinados procedimientos.

En los órdenes jurisdiccionales civil (jurisdicción voluntaria y contenciosa), contencioso-administrativa y social, durante el período que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Medidas concursales y societarias.

Relativas a convenios concursales, acuerdos de refinanciación, extensión de la suspensión del deber del deudor de solicitar el concurso de acreedores, financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor, impugnación del inventario y de la lista de acreedores, tramitación preferente, subastas, aprobación del plan de liquidación, agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos y suspensión de la obligación de reducción de capital por pérdidas.

Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, si el órgano judicial o Fiscalía dispone de los medios técnicos necesarios para ello.

Como salvedad, en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.

Dispensa de la utilización de togas.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, las partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.

Ambito del Registro Civil.

Se amplían los plazos en determinados expedientes, como en los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera recaído resolución estimatoria, en que se concederá automáticamente un plazo de un año para la celebración del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de alarma.

También se retrasa la entrada en vigor de la futura Ley del Registro Civil (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil) al día 30 de abril de 2021.

Fuente COVID-19 Próximas medidas procesales judiciales urgentes: borrador del proyecto del Real Decreto-Ley del Gobierno facilitado por Cadena Ser